Las okupaciones crecen un 18% con 13.389 casos y Cataluña suma el 42% del total

Las okupaciones de viviendas se disparan. Crecieron en un año un 18% en España al contabilizarse 13.389 casos según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Cataluña sigue la comunidad autónoma a la cabeza con 5.689 casos de enero a septiembre, el 42% del total, un dato que cuadruplica al de la Comunidad de Madrid (1.282 casos) y casi triplica a la tercera región en la lista, Andalucía (1.994 casos).

Los datos de Interior consolidan la tendencia al alza de esta lacra en el último año, coincidiendo con las instrucciones de septiembre de 2020 dictadas desde la Fiscalía General del Estado y desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska para hacer frente tanto al allanamiento de morada como a las usurpaciones.

La serie histórica comienza en 2015, cuando en España se contabilizaban 10.376 ocupaciones de vivienda ilegales, de ellas 3.950 en Cataluña, esto es, el 38% del total, cuatro puntos menos que en la actualidad. En 2020, último año con cifras cerradas, esta región tenía 6.647 casos, es decir, experimenta un incremento del 68% en cinco años, informa Europa Press.

La Comunidad de Madrid acumuló en 2015 un total de 1.630 okupaciones, por lo se ha reducido un 18% si se compara con el dato de 2020, mientras que Andalucía alcanza los 2.060 casos, por lo que ahora tiene un 15,5% más. En el conjunto del país, se pasa en cinco años de 10.376 casos a 14.792 (un 42% más).

Cataluña vive una subida del 9,1% de este tipo de conductas en el acumulado de enero a septiembre de 2021, si se compara con el de 2020, un año marcado por las restricciones de movimientos por la pandemia de Covid-19 y que cerró con 14.792 hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el conjunto de España. De ellos, el año pasado 6.647 casos se concentraron en Cataluña (casi el 45% del total).

Dentro de Cataluña, llama la atención el dato de la provincia de Barcelona, la más poblada de las cuatro provincias, ya que llega a 4.229 okupaciones entre enero y septiembre del presente año, esto es, el 74% de todos los hechos de los que se tiene conocimiento en esta comunidad autónoma.

Por regiones

Si se compara el acumulado de enero-septiembre de 2021 con el de 2020, la Comunidad de Madrid sufre un aumento del 24,8% en este tipo de ilícitos, mientras que Andalucía crece un 11,1%. Entre las comunidades con mayor número de habitantes destaca también la Comunidad Valenciana, que registra 968 okupaciones frente a las 706 entre enero-septiembre de 2020.

Castilla-La Mancha es otra de las regiones con más casos, al contabilizar 606 ocupaciones ilegales (+31,2%), seguido por Murcia con 476 casos (+69,5%), Islas Baleares con 407 (+73,9%) y Canarias con 406 (aunque baja un 14,3%).

En Castilla y León hay 239 casos (+62,6%), en Aragón, 202 (+33,8%), al igual que País Vasco (+16,1%); Galicia llega a 147 okupaciones (+8,1%), Extremadura, 116 (+46,8%) y Navarra, 100 (+44,9%), y el resto se sitúan por debajo del centenar de casos.

Nuevo protocolo

En septiembre de 2020, después de un verano con las ocupaciones de inmuebles disparadas y tras entrar de lleno en el debate político, el Ministerio del Interior publicó una instrucción con el ‘Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles’ con el objetivo de unificar criterios de actuación.

La Fiscalía General del Estado también dictó su instrucción 1/2020 para agilizaran las medidas cautelares y dar prioridad a los desalojos cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada.

El Ministerio del Interior admitió la «confusión y alarma social», y lo vinculó a las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación: en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen tanto en primeras como en segundas viviendas «sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata», incluyendo la «identificación de los ocupantes y su detención si procede».

En particular, pidió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado redactaran atestados más precisos que faciltiaran el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. Desde entonces, había que dejar constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o sobre el consumo irregular de luz y agua.